Paro y fraude = Gobierno.

No habían pasado 24 horas de la acerba discusión en la Asamblea Nacional del plan de estabilidad de Manuel Valls para la Francia de los próximos tres años, y nos sumergimos en el de España.
Tristeza infinita. Primero porque a diferencia de lo ocurrido en el partido de Gobierno francés (el PS), en el español (el PP) no ha habido ningún debate previo, y menos aún, negociación. Segundo, porque en Francia se ha sometido el paquete al Parlamento casi como cuestión de confianza, y aquí nos vamos de puente.
Y tercero, porque los recortes franceses (ahorro de 50.000 millones en el gasto) quizá perjudiquen la resurrección del consumo, pero también (al facilitar la rebaja de 30.000 millones en cotizaciones sociales) deberán estimular la creación de empleo: aquí, nada de contrapartidas así. Cuando es el tipo de medidas que distinguen una sobriedad ponderada (la francesa) de una austeridad excesiva y antiequitativa (a la española). Lo esencial para la política económica en Francia es eso: el empleo (con un paro al 11%). En España (con el desempleo al 26,1%), el empleo es accesorio.
El ministro Cristóbal Montoro enfatizó en la presentación del plan que las previsiones de déficit (el -1,1% para 2017) son un “objetivo político”. Habrá pues que presumir que también lo es la previsión de las cifras de desempleo: si en 2012-2013 (bajo el PP) se esfumó un millón de empleos, aunque se creen 600.000 puestos en 2014-2015, la legislatura se saldará con 400.000 empleos destruidos adicionales a los heredados; y se cuentan por millones.
O sea, esa herencia no mejora. Empeora. Y lo peor, debate hereditario aparte, ¿podemos, impertérritos, dar por buenas esas cifras-hipótesis-objetivo? Si así se concreta la ambición del Gobierno, ¿puede hablarse de ambición? ¿o de resignación fatalista? ¿No debieran cambiar los otros componentes del cóctel de la política económica para reconducir ese desastre, el único trascendental?
Si el paro seguirá igual de mal —como reconocen o proponen los que mandan—, también sucederá lo mismo, con el fraude fiscal. Miren en la web oficial el gráfico “Impacto de la reforma tributaria” del programa de estabilidad actualizado. Verán que prevé añadir mil millones al año desde 2014 a lo recaudado en 2013, que fueron (no lo dice, será un olvido) 10.479 millones: un 9% menos o ¡mil millones largos menos que en 2012! Que eran, 11.517 millones (tampoco lo dice, otro olvido).
Pero es que el fraude fiscal es el gran nicho fiscalizable en España: genera al año entre 15.000 millonesy 70.000 millones
. ¿Y se proponen pescar solo mil millones?
Y entonces, claro, ya todo se comprende. Que, como reconoce Cristóbal sobre la presión fiscal comparada con la UE, “llegar a la media no es el debate” (¡debiera serlo!). O que los recursos fiscales adicionales procederán solo de la mayor actividad; y los menores gastos, de la eliminación de duplicidades administrativas. De todas las Administraciones, menos de la central (tampoco lo dicen). Y del esfuerzo de rigor presupuestario ajeno: jamás del suyo.
Comparen, y si encuentran algo mejor, compren. La jacobina Francia recortará en tres años 18.000 millones a “París”, por solo 11.000 a las administraciones regionales. La autonómica España reducirá el déficit central en tres años “en” más/menos un tercio (del -3,5% del PIB al -2,2%); los autonómicos, “a” más/menos un tercio (del -1% al -0,3%). Como viene sucediendo. La austeridad bien entendida empieza en los demás. Y acaba en ellos.

Y el fiscal pelando margaritas

• • Aquí toda la casta trinca. Legalmente, forzando la ley, o saltandosela. Y el fiscal pelando margaritas. Y cuando alguien judicializa no sabe donde se mete. Y el juez que osa meter un poco el bisturí acaba despellejado. Mienten y roban con descaro. Y matan. Porque sus políticas están matando a la gente. Y luego tan contentos a Roma, en procesión y a nuestra costa, obtener el perdón de sus pecados. , los delitos de momento impunes. 

     A su manera, el Consejo de Ministros de Rajoy mantiene su coherencia. El ministro de Economía, Luis de Guindos, fue presidente en España de la quebrada Lehman Brothers. El de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue dueño de una asesoría que ayudaba a sus clientes a pagar pocos impuestos. El de Defensa, Pedro Morenés, se dedicaba a vender bombas de racimo a ese mismo ejército sobre el que hoy manda. La de Empleo, Fátima Báñez, sólo ha trabajado en cargos políticos. La de Sanidad, Ana Mato, viajaba aDisneylandia en clase Gürtel, sin copago alguno. ¿Y la nueva ministra de Agricultura y , Isabel García Tejerina? Fue directiva de una empresa condenada por un delito ecológico, Fertiberia. Allí trabajó a sueldo deVillar Mir, el mismo empresario que está imputado por la Audiencia Nacional en el caso Bárcenas por sus donaciones irregulares al partido que hoy gobierna.
    

    Mariano Rajoy, a su manera, ha llevado el concepto de la puerta giratoria a una nueva dimensión, ese universo donde lo público se privatiza mientras se nacionalizan las pérdidas. A ambos lados de la fiesta siempre aparecen los mismos nombres, los mismos intereses. Quienes hoy legislan, contratan, privatizan o subvencionan trabajaban ayer (y mañana trabajarán) para esas mismas empresas que se supone que gobiernan. Es un viaje de ida y vuelta, cuyo billete –en primera– paga el ciudadano medio. El interés general se prostituye, y ni siquiera se respetan las pocas incompatibilidades que aparecen en las leyes.

    El ejemplo más reciente lo protagoniza Miguel Arias Cañete. El hoy candidato del PP mintió ante el Congreso. Lo hizo por escrito. Lo hizo dos veces. Durante casi ocho años, ocultó en su declaración de bienes ante el Parlamento que la empresa que presidía, una compañía petrolífera, mantenía varios contratos con la Administración. Y esa misma empresa, que  preside su cuñado y de la que Arias Cañete sigue siendo accionista, opta hoy a una concesión pública valorada en 600 millones de euros anuales. Y no pasa nada.

    Mientras tanto, la mayoría del PP en el Congreso se entretiene con una comisión sobre la regeneración democrática, como si fuese un gran gato con un ovillo de lana. Dos ponentes invitados recuerdan ante el Parlamento que el emperador va desnudo y algunos diputados ponen mala cara ante sus propuestas. Plantear en el Congreso cosas tan obvias como que el Tribunal de Cuentas tendría que ser independiente, que la banca no debería poder condonar deudas a los partidos, que habría que prohibir las donaciones anónimas…, se ha convertido en un discurso casi revolucionario. La transparencia y la separación de poderes hoy son ideas antisistema.