viernes, 25 de abril de 2014

Cronicas de la nada; Cómo castigar a los que aparcan ocupando el parlamento.



De acuerdo con las teorías del voto económico, los ciudadanos castigan o recompensan a los gobiernos en ejercicio basándose en el comportamiento macroeconómico del país, sobre todo cuando el desempleo aumenta. Si esta hipótesis fuese correcta, los votantes del sur de Europa deberían penalizar a los gobiernos en el poder al ser percibidos como malos gestores de la crisis. En circunstancias normales el electorado podría depositar la confianza en los representantes recién elegidos completando así el proceso cíclico que legitima la democracia. Desafortunadamente las condiciones que hacen posible la recompensa y el castigo no están presentes en la situación actual.
Los datos muestran claramente que la celebración de elecciones no ha impedido un aumento de la desconfianza institucional en el sur de Europa, tal vez porque los ciudadanos no pueden castigar adecuadamente a los corresponsables de la actual crisis económica a nivel nacional e internacional. En cambio, podemos observar que el aumento de la tasa de desempleo (línea inferior en los gráficos) resulta un predictor preciso de la desconfianza política y que la sanción electoral no ha ayudado a los ciudadanos a renovar la confianza en las instituciones democráticas. De hecho, los ciudadanos del sur de Europa han castigado a las instituciones políticas de forma indiscriminada y los niveles de desconfianza se encuentran en su punto más alto desde 2003.

¿Cómo castigar al responsable?

La tasa de paro y la desafección política evolucionan de forma similar, pero esto no quiere decir que el desempleo sea el causante de la desconfianza. Como dicen los científicos sociales, correlación no es causalidad. Una posible explicación tiene que ver con el hecho de que la Gran Recesión es una crisis multinivel (de dimensiones estatales, europeas y globales) mientras que el mecanismo de rendición de cuentas que el ciudadano tiene más a mano es el estatal y, el próximo 25 de mayo, el europeo. Conscientes de las consecuencias que puede tener para su futuro profesional, los políticos que han gestionado la recesión tienden a señalar las características transnacionales o globales de la crisis en un intento de exoneración de responsabilidades. Si esta explicación es plausible, los ciudadanos percibirían el déficit democrático a nivel europeo, sobre todo en temas de política económica, y serían conscientes de la falta de instrumentos para castigar a los políticos responsables en los niveles europeos y globales. Por exponerlo de otra manera, ¿cómo se castiga a los responsables internacionales del austericidio? La falta de mecanismos efectivos de castigo y recompensa resulta en frustración colectiva y en la pérdida de confianza en el sistema político, una situación más peligrosa de lo que puede parecer a primera vista.

Bertrand Russell definió la democracia como “el proceso mediante el cual el pueblo elige a la persona a quién le echará la culpa”. Si los ciudadanos no son capaces de identificar eficazmente a los representantes que merecen ser castigados y elegir alternativas creíbles, las elecciones se vuelven irrelevantes, y los ciudadanos desarrollan desafección política o desconfianza hacia todas las instituciones políticas (especialmente el gobierno, el parlamento y los partidos políticos). Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿hasta cuándo se puede mantener la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones políticas antes de que comiencen a cuestionar la democracia como régimen? ¿Cabe pensar que la desafección política no acabará afectando a la legitimidad de la democracia?
  • Precisamente, las elecciones están concebidas en la idea de la ignorancia del pueblo y sirven precisamente para todo lo contrario:para premiar a los corruptos políticos que son prácticamente todos ¿O quieren los españolitos todavía más pruebas?
    La democracia "representativa" no es más que la madre de todas las mentiras y de todos los engaños, la estafa por excelencia.
    Esperemos que los españolitos despierten algún día de sus sueños narcóticos.

Cronicas de la NADA; los malos eran los comunistas.




No existe partido político, sindicato ni movimiento social relevante, estudiantil, étnico, cultural, de género o ecologista que no sea objeto de infiltración por parte de los servicios de inteligencia y agencias de seguridad nacional. La razón de Estado ha sido el argumento para llevar a cabo esta función de gobernabilidad centrada en prever, controlar o cambiar el rumbo de acontecimientos políticos, económicos y sociales acorde a sus necesidades. Los ejemplos se multiplican en la historia y sorprenden por su trama y objetivos. Desde magnicidios, golpes de Estado, campañas electorales, atentados o secuestros, hasta financiar movimientos religiosos, grupos disidentes, partidos y operativos para descalificar o aupar dirigentes. Sin olvidar su participación en huelgas, actos públicos y manifestaciones. Nada parece interferir en su agenda cuando se trata de encauzar la realidad política en una dirección considerada prioritaria por la agenda del establishment.
No hace mucho, en Madrid, un periodista filmaba la siguiente escena. Al concluir la marcha de protesta del 25-S, un manifestante encapuchado sería objeto de agresión por parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales (GEO). Para evitar la paliza, gritaba: "¡¡¡ a mí no que soy compañero, coño!!!". Aun así, hasta que no fue identificado, siguió siendo objeto de puñetazos y patadas. Otro policía sentenció: "calmaos, coño". Poco más que agregar.

¿Qué hacía un policía infiltrado arengando a los manifestantes al enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los GEO? La respuesta no está muy lejos. Provocar, generar confusión y justificar la represión policial bajo el argumento de "actuar en legítima defensa". Su objetivo, deslegitimar las protestas sociales democráticas y justificar el cambio en la ley de seguridad ciudadana, que regula el derecho de manifestación, criminalizando y responsabilizando de los subsiguientes posibles atentados contra las fuerzas de seguridad del Estado y la propiedad privada acaecidos durante la convocatoria a sus organizadores. En esta línea ha insistido el Partido Popular desde su llegada al gobierno. Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno en Madrid, declaraba que la "actual ley es muy permisiva y amplia... y habría que modificarla". Tanto el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz como sus asesores se hacen eco de ello y redactan la nueva ley que, entre sus 55 artículos, prohíbe manifestarse ante el Congreso, el Senado y las sedes parlamentarias, aumenta la cuantía de las multas y, desde luego, justifica la violencia policial. La última ocasión, con motivo de las marchas de la dignidad del 22 de marzo.