martes, 18 de febrero de 2014

Crónicas de la nada. Estado de malestar.




Durante estos últimos años en los que han aumentado las manifestaciones, la gran mayoría de ellas (por encima del 99%) han terminado sin altercados o incidentes. Es más, tampoco las manifestaciones no comunicadas han generado problema alguno. Si desde 2009 se han celebrado más de 100.000 manifestaciones en España y, en la gran mayoría de los casos, no ha habido problemas, esto es algo que merece destacarse positivamente. Sin embargo, el Ministro del Interior (sobre cuya  labor ya hemos hablado aquí) y el gobierno, quieren cambiar la ley que, "permitirá que queden mejor afianzados los derechos y libertades públicos, garantizando mejor la seguridad ciudadana e impidiendo la aparición de conductas ilegales, violentas y vandálicas", en lo que se conoce como ley de seguridad ciudadana. ¿Responde la ley a cuestiones ideológicas o a hechos objetivos? En lo que a las manifestaciones se refiere, el gobierno no quiere que la realidad le estropee su visión del mundo.

 En España, según parece, es suficiente para acceder a un cargo de notable responsabilidad y remuneración, haberse mantenido al lado del politico, ahora ganador, en sus días bajos. Haberle sustentado cuando los contrincantes querían abatirle. Lo hemos visto con Arsenio Fernández de Mesa, cuya fidelidad a Mariano Rajoy le depara pasar de un puesto a otro haga lo que haga. Vio adoquines de fuel en el Prestige que se hundirían mansamente en el agua, desde su cargo de delegado del gobierno en Galicia. Director de la Guardia Civil, en la actualidad, se quita de encima con soltura los cadáveres de 15 emigrantes fallecidos mientras eran acorralados en el agua por efectivos bajo su mando. Todo el gobierno en realidad exhibe la misma actitud, la de siempre: no va con ellos. Les ha tocado la lotería. La que distribuye el poseedor del boleto. Y cuela.
  Desde el poder uno puede, en España, repartir prebendas en ausencia hasta de un sentimiento tan primario como es el pudor.  Véase el caso de regalar a los Registradores de la Propiedad el Registro Civil. Se trata de la profesión de Mariano Rajoy y varios de sus familiares. De parientes del ministro de Justicia, autor directo de la norma. Pero además ese cuerpo es una anomalía en Europa donde su trabajo lo realizan funcionarios, sin costo para el usuario. Es decir, en lugar de ser europeos y registrar propiedades gratis, el gobierno ordena –aumentando sus privilegios- que acudamos también a ellos para gestiones como anotar nacimientos, bodas o defunciones.
 Aquí cuela todo. Y eso es lo más preocupante. En un país con casi 6 millones de parados, vemos la facilidad con la que encuentran trabajo –y excelentemente remunerado-, hijos, maridos, mujeres, amantes, hermanos, amigos fieles, el tipo que te hace la declaración de la Renta y que puede acabar presidiendo una Caja de Ahorros, chóferes, entrenadores personales. De ahí a nombrar alto cargo al caballo –emulando a Calígula- hay solo un paso.
 No puede aducirse que sean gentes en general de especial preparación o aguda inteligencia. El mediocre no quiere al lado nadie que le supere. Personas como Fátima Báñez, Ana Mato, José Ignacio Wert, Cristóbal Montoro, José Manuel Soria  y prácticamente todo el resto – pasen y vean- , forman parte de el gobierno de los mejores que se prometió –y también se incumplió-. Hablan con Dios y se encomiendan a Santa Teresa, mientras, insensibles, siguen sin dimitir ante la tragedia –absolutamente evitable- de Ceuta. Lo que está pasando en España es un auténtico delirio.
  No es imposible erradicar el nepotismo. Se trata de que un cambio de partido en el gobierno no conlleve, por ley, un cambio de arriba abajo en la Administración. Prohibir el reparto del botín de los cargos y empleos. El sustrato fundamental ha de estar formado por profesionales cualificados.
   La mayoría absoluta no puede amparar un cambio de régimen. No es un cheque en blanco. Y engañar para llegar al poder e incumplir el 90% del programa electoral ha de implicar necesariamente la destitución y convocatoria de nuevas elecciones.
   Todo ello sería factible con una separación real de poderes y con una Justicia regenerada. Los órganos judiciales y, en particular, el Fiscal General del Estado, no pueden seguir siendo elegidos por los partidos.
A nuestros gobernantes les tiene sin cuidado la subida de la luz y la del gas; hay meses que ni se enteran de que les ha llegado el cargo a la cuenta. No les afectan las listas de espera de la sanidad pública porque hace años que se pagan un seguro privado. Sus hijos más pequeños no sufren la masificación en las aulas, pues desde que eran así de chiquitines les mandan a los mejores centros concertados; y sus chicos mayores estudian en universidades privadas o, si ya terminaron la carrera, tienen un puesto de trabajo envidiable que les han proporcionado ellos mismos o a través de alguna de sus influyentes amistades. Tampoco están al tanto del precio del billete del autobús o del metro; hace siglos que no viajan en ellos. Siguen yendo al cine, al teatro y a cenar fuera con la asiduidad de siempre. Ni que decir tiene que, en caso de conflicto, para ellos las tasas judiciales son calderilla. Gracias a sus asesores fiscales, hay ejercicios en los que la declaración de la renta incluso les sale a devolver. Y este verano… este verano el presupuesto para vacaciones será mayor que el del año pasado porque los nietos han crecido y sus gustos también. Así que, cuando oigan decir que ya se ve la luz al final del túnel, lo más probable es que pregunten: ¿Túnel? ¿Qué túnel? Y es lógico, porque ellos viajan en otro tren.—
El genocida, el autor de delitos contra la humanidad o el criminal de guerra en cualquier parte del mundo puede tener, dentro de unos meses en España, un país en el que ningún juez le molestará.
 Otra conjetura: si miles de españoles en otro país fueran víctimas de crímenes de guerra, no podrían acudir a la justicia española.
Este lunes el Parlamento Europeo empezó a estudiar una propuesta que pide a la UE que fije como derecho el acceso a un mínimo vital de agua potable. Es la primera iniciativa ciudadana que llega a la Eurocámara, tras lograr la firma de 1,8 millones de personas. Según Aeopas, en Europa un millón de personas no tienen acceso al agua potable y ocho millones carecen del servicio de saneamiento. Luis Babiano, gerente de Aeopas, ha sido uno de los principales impulsores de esta iniciativa en España. “Cada día crece el número de personas que se quedan sin un suministro que es fundamental en la vida de cualquier ciudadano y no se puede cortar. Es una responsabilidad pública de la que no se puede renegar”, advierte.  “La única forma de garantizar un mínimo vital a la población es mediante la gestión del agua desde un modelo público solidario”, asegura.
“La mayoría de los hogares de un nivel medio tienen instalados electrodomésticos de bajo consumo, cisternas de doble descarga y otros mecanismos de ahorro. En cambio, los hogares de un nivel social inferior, por norma general, no han podido invertir en este tipo de mecanismos. Hay familias que tienen muchos problemas para poder reparar las fugas en cisternas o grifos por falta de recursos. Hay que tener en cuenta, además, que aquellas con miembros en situación de desempleo pasan más horas en el domicilio familiar y, por tanto, el consumo de agua es superior”, explica el documento.En su resolución del agua como derecho humano, Naciones Unidas fijó ese mínimo vital en 40 litros por persona cada 24 horas. Pero la sociedad pública Aigües del Prat, que da suministro al municipio de El Prat de Llobregat (Barcelona) y cuenta con un fondo de solidaridad que bonifica el 100% del consumo y la cuota de servicio a abonados con problemas económicos, tiene otros cálculos. La empresa considera que el mínimo vital para un consumo sostenible debería fijarse en 100 litros por persona y día, aunque añade 50 litros más a ese umbral porque, aunque parezca contradictorio, quien más agua gasta no es quien más recursos tiene.