sábado, 22 de diciembre de 2012

La devaluación interna es injusto; persigue la reducción salarial con desempleo




Tres heridas profundas, emulando el verso de Miguel Hernández, de la economía española caminan juntas en esta crisis y no son solo ellas las que nos impiden andar; hay una cuarta. A esas tres heridas, el endeudamiento, las desigualdades crecientes y las políticas erróneas, de austeridad, tratan de dar respuesta las mejores cabezas de nuestra profesión. ¿Son suficientes las recetas de Stiglitz, Krugman y Rogoff? Posiblemente, estos tres autores constituyen las caras más visibles de políticas alternativas a las doctrinas y políticas oficiales de la austeridad ante esta gran depresión, desde el otro lado del Atlántico pero con influencia clara en Europa. Los tres muestran raíces keynesianas e insisten en las políticas expansivas y de crecimiento. Su perspectiva de la crisis es mundial y hablan para ese ámbito. Sin embargo, a la luz de las particularidades españolas, de nuestra realidad específica que los tres la conocen bien, se podrían hacer algunos comentarios o matizaciones a sus propuestas.
De Stiglitz cabe destacar como nota diferencial respecto a los otros dos su insistencia en un sistema fiscal progresivo. El efecto emulador del consumo que produce la desigualdad termina en la carrera consumista y de endeudamiento, desde mediados de los noventa, que desemboca en enormes déficit y crisis de deuda, con consecuencias sobre la economía real. En este punto, propone un sistema fiscal progresivo y, para el caso americano, el restablecimiento de mayores impuestos a los ricos. Es decir, políticas fiscales más igualitarias, en esencia más justas, ayudan a generar un sistema económico más eficiente, sin tantos desajustes.
De Krugman, el más prolífico, resaltar sus letanías sobre los estímulos al crecimiento. Del crecimiento se deriva la solución al gran problema de la crisis y el paro y también permite reducir el déficit y la deuda. Su objetivo es que la deuda crezca a menor ritmo que la economía. Para ello, destaca la capacidad estimuladora de la economía que puede hacer el sector público en un contexto recesivo. O sea, si la economía se gestiona como una familia (el ejemplo funciona bien, en perspectiva conservadora, como justificación para las políticas de ajuste), si estas reducen su consumo por la crisis y también lo hace el Estado, se entra en una espiral recesiva que agrava la misma. Es la paradoja de la austeridad. Además, la generación de una tasa moderada de inflación continuada, de en torno a un 4%, ayudaría al crecimiento y a la reducción de la deuda. Ya para el caso europeo, y diferenciando áreas, propone el estímulo al gasto a determinados países como Alemania y devaluaciones internas, vía reducciones salariales y de beneficios (sic), para los países periféricos con problemas de competitividad, como España. El impacto negativo sobre el empleo se compensaría de sobras con el crecmiento de la actividad.
Finalmente, de Rogoff hay que reflejar su insistencia en el problema de la deuda y la dificultad de pagarla. El problema de la deuda representa un obstáculo muy importante para que las políticas de estímulo al crecimiento (Krugman y Stiglitz) sean verdaderamente efectivas en sus resultados. Sin duda, lo aliviarían, pero el aumento de dinero en las familias tiene un agujero muy preciso donde destinarse: las hipotecas. Por otra parte, el recurso a la inflación de Krugman, medio de reducción real del endeudamiento, exige unos años para ser relevante y, por tanto, efectivo. La profundidad de la crisis y su duración hace muy costoso social y económicamente este procedimiento lento de reducción de deudas con inflación. La propuesta de Stiglitz de impuestos a los ricos, en formas diversas, como la incluida en la tasa Tobin, podría ser un buen complemento, pero aun asi, para el caso español, incompleto.
La devaluación interna es un método injusto; persigue la reducción salarial con desempleo
En este contexto, reducir la deuda ha de ser la primera decisión contra la crisis. Pero entendemos con Rogoff que, dado el tamaño de la deuda y más siendo como es fundamentalmente privada, su solución, inevitablemente, debería exigir un coste a los acreedores. La segunda, también esencial, tiene que ver con la competitividad y el tipo de cambio.
Las propuestas de políticas de crecimiento sin más lanzadas para los USA o la UE no ponderan suficientemente la pérdida de competitividad de economías como la española. Krugman habla de devaluaciones internas vía salarios del 25% y la agencia Fitch, vía una hipotética devaluación del tipo de cambio, de un valor de una “nueva” peseta un 30% inferior a la antigua respecto al marco alemán de entonces, como vías para alcanzar una posición competitiva adecuada. Algún día habría que analizar el tremendo coste social, político e institucional, no solo económico, de este tipo de devaluaciones internas frente a las devaluaciones vía tipo de cambio. Sin duda, la vía de la devaluación interna significa la aplicación de un mecanismo profundamente injusto, pues se persigue la reducción salarial con desempleo y desregulación. Con ello, la crisis solo la soporta una parte de la sociedad mientras que otra, la formada por los acreedores y bonistas, sale inmaculada.
Creemos que la dinámica de la economía española no permite recuperar niveles de competitividad como los que se han perdido en este periodo de moneda única con meras políticas de crecimiento. Fomentar las exportaciones como salida de la crisis, pócima que algunos han descubierto recientemente —caso del presidente de la CEOE—, no se puede conseguir solo con políticas de crecimiento al uso, fiscales o monetarias. Se señalaba en este mismo periódico (8/9/2012) que el dinamismo de nuestra clase empresarial era suficiente para no cambiar de modelo productivo, sino simplemente para realizar algunas reformas. Se aludía a casos como el de Inditex, como ejemplo de éxito empresarial, conseguido con un producto de lo más tradicional: ropa o telas, con mucho valor añadido. Pero a nuestro entender son más la excepción que la regla en la geografía hispana de la producción industrial. La mejora de nuestra balanza de pagos en estos años de depresión es más debida a la caída de las importaciones, ligada al parón del consumo interno, que a una expansión inusual de nuestras exportaciones.
La cuarta y mayor herida, las limitaciones en materia de competencia de nuestro tejido productivo, lacera el futuro de la economía española debido a: a) una estructura empresarial fuertemente minifundista; b) una estructura productiva que liquidó hace tiempo y con demasiada anticipación, en la perspectiva del desarrollo económico, parte de su componente industrial (el ámbito en el que la productividad de los factores de producción crece a mayor velocidad) y c) un tejido empresarial poco dinámico y demasiado ahormado aún por la dependencia de la ubre pública (subvenciones, concesiones con garantía de beneficio o tolerancia de las prácticas oligoplísticas) y el escaso amor por el riesgo. Lo que propicia actitudes poco o nada interesadas en la generación y/o incorporación de innovaciones tecnológicas propias o foráneas. Con estos lastres aún por solucionar, las políticas macroeconómicas de austeridad tienen poco o nada que aportar al necesario equilibrio sostenible externo de nuestra economía.
Con el lastre de la competencia por resolver, las políticas de ajuste tienen poco que aportar
Los tres autores señalados realizan propuestas válidas contra la crisis, pero en su contra se alza la persistencia de los intereses de los acreedores y el sustrato ideológico y miope que las soporta. En algún momento de este próximo año 2013, que va a ser demoledor para la economía hispana a tenor de todos los pronósticos conocidos, los países acreedores comenzarán a ver hasta dónde han conducido las políticas que se han aplicado hasta ahora. Sin embargo, más allá de la gravedad de esta coyuntura, pensamos que es necesaria una reflexión profunda sobre nuestro modelo productivo y, aun considerando las dificultades de implementar una política industrial propia en el marco del Mercado Único, debería avanzarse en esa dirección. Sentarse y esperar que el mercado resuelva o soñar con los fantásticos empleos de “alto valor añadido” de Eurovegas es condenarse al fracaso.

jueves, 20 de diciembre de 2012

“Por un futuro aún peor”. "Crisis, desigualdad y pobreza"




Si alguien no pone sentido común a esto y paran los recortes, no se obedece a Merkel y los politicos dejan de robar y empiezan a pensar en los ciudadanos y en el bien de este pais, esto va a explotar !!! y lo pensamos muchos, las familias sin trabajo estan aguantando demasiado y van ha "explotar" por algún lado, las clases medias trabajadotas empobrecidas con tanto impuesto ya no llegan a fin de mes y van a "explotar" y los pensionistas que no saben como llegar a fin de mes porque tienen toda la familia a cuestas y se alimentan solo de huevos y cafe con leche van a "explotar" esto es insostenible. A que esperan!!!! los politicos que han robado tienen que devolver el dinero, tienen que bajar los impuestos a las empresas y autonomos para que creen empleo y parar esta masacre antes de que sea demasiado tarde, "cuando se estira la cuerda mas de la cuenta se rompe". Tenemos Islandia como ejemplo y nadie habla de ello. BASTA YA!!

El balance de la política económica de 2012 podría ser: “Por un futuro aún peor”.




Al hacer balance de los seis años (2007-2012) de crisis en nuestra zona es conveniente añadir otra característica a la misma: se va haciendo cada vez más extensiva a nuevas capas y estratos sociales, avanza como una mancha de gasolina en espera de contactar con la cerilla. Ello se manifiesta en cualquier contacto con la realidad o la ficción. El ennegrecimiento de las condiciones de la vida cotidiana en la Atenas actual que describe el novelista griego Petros Markaris en su última novela, "Liquidación final" (Tusquets), se ha elevado más de un grado respecto de la anterior. Siendo sólo novelas policíacas, producen insomnio en quien las lee durante la noche.
La ONG Intermon Oxfam, en colaboración con otras como Médicos del Mundo, Cáritas, UNICEF y la red Compañías de Jesús, acaba de publicar un documento en el que se analiza esta horizontalización tan rápida de las dificultades en España. Esta vez no es ficción sino datos, tendencias, sufrimientos. En "Crisis, desigualdad y pobreza" se afirma que, de no producirse una ruptura con las políticas de ajuste y recortes que llegan de Europa y que el Gobierno asume acríticamente, España llegará a tener 18 millones de personas en riesgo de padecer exclusión social para el año 2022: un 40% de la población total (dos de cada cinco personas) estaría en situación de pobreza. Los autores del informe subrayan la presencia de la sociedad dual en nuestro país, con una rápida destrucción de las clases medias, y hacen un pronóstico sombrío: España corre el peligro de perder tres generaciones de bienestar, derechos sociales y democracia, de persistir la política económica dominante.
Lo que sucedió en el mundo entre los años 1919 y 1939 tiene analogías con el mundo de hoy
¿Es demasiado alarmista el pronóstico? Quizá. O quizá no. Para tomar partido, discutámoslo: que no se le encierre en el zurrón de los informes que practican la denuncia y a continuación quedan sepultados por otros más actuales o más extremos (porque las dificultades avanzan con rapidez y afectan a más gente). Debatamos el hecho de que harán falta dos décadas para recuperar los niveles existentes antes de la crisis, teniendo en cuenta situaciones que ya hemos vivido. Por ejemplo, que en la crisis de los años noventa la economía española necesitó 13 años (1994-2007) para llegar a tener la tasa de paro más baja de la democracia, el 7,95%. Fue el historiador británico E. H. Carr quien escribió sobre “la crisis de los veinte años” para reflejar lo que sucedió en el mundo entre los años 1919 y 1939, de infausta memoria, y que en términos sociales (paro, empobrecimiento, desmoralización e irritación social, estancamiento económico, problemas de los partidos políticos centrales en la democracia), tiene muchas analogías con el mundo de hoy. También hoy se vive ese ambiente de pesimismo, de fin de siècle.
El informe responsabiliza de la agudización de las dificultades ciudadanas a un modelo de austeridad centrado exclusivamente en la reducción del déficit y el saneamiento de la banca, mediante la inyección de fondos públicos financiados a costa de una deuda desorbitada, que no está generando crecimiento. El balance estático en la España de final de 2012 es el siguiente: una deuda pública cada vez más próxima al 100% del PIB, uno de cada tres euros del gasto previsto en los Presupuestos de 2013 destinado a pagar los intereses de esa deuda, uno de cada cuatro ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión, 1,7 millones de hogares con todos sus miembros en paro,…: “España va camino de convertirse en un país más pobre, más desigual, con menos derechos sociales y con una democracia mermada”. El balance de 2012 podría ser: “Por un futuro aún peor”.
Es enriquecedor que en bastantes de los análisis de lo que está ocurriendo se hayan incorporado los efectos de la ausencia de bienestar en la calidad de la democracia. Ha dejado de ser excéntrico el pronóstico que hace tres años hizo Stiglitz cuando la ONU le pidió un informe sobre “qué tipo de sistema será capaz de traer el máximo beneficio a la mayor cantidad de gente”·. El profesor contestó que la crisis estaba haciendo “más daño a los valores fundamentales de la democracia que cualquier régimen totalitario en tiempos presentes”. Entonces sólo tenía dos años de vida.

miércoles, 19 de diciembre de 2012

Yo pienso que la lista es mas larga.



Realmente ¿quien ha vivido por encima de sus posibilidades?. Las cosas pasan y las dejamos pasar como algo natural. Hace unos años en Sanabria el que no tenía una subvención era un paria, incluso se llegaba a presumir de ella sin tenerla. Ahora las cosas cambian, pero relativamente, se piensa en eliminar las diputaciones y ¿a quién se le pregunta? 

A los alcaldes. Es como preguntar al lobo si quiere o no mastines en los rebaños.
 Y no nos inmutamos. Un día de estos voy a sacar la sarrasqueta.


Porque mira que hay que ser grande para alimentar este monstruo y que todavía no nos haya comido los ojos. Hay que tener sólidos cimientos para que este edificio no se haya derrumbado como un castillo de naipes. País donde los corruptos salen como hongos, y donde los jueces son unos malos recolectores de corruptos.
Monarquía corrupta, por mor de un yerno acusado de meter mano al cajón. Partidos políticos corruptos, con algunos de sus jefes en la cárcel, y otros campando por sus respetos. Partidos «enchufaparientes», financiándose ilegalmente, máquinas de picar votantes y dinero público.
Nación de mil naciones, mil parlamentos, mil embajadas, coches oficiales, teléfonos con hilo directo a los puticlubs, ordenadores gratis. Castañuelas y panderetas. Nacionalistas corruptos, de cuentas multimillonarias en paraísos fiscales.
Sindicatos con el cazo armado para llenarse los bolsos de cursillos fraudulentos. Afiliados que se parten el lomo, o lo tienen pelado de pedir trabajo sin resultado. Red corrupta, que solo parte el bacalao de los intereses y prebendas.
Patronal corrupta, con el que fuera su presidente encarcelado por limpiarse el trasero con el sudor del pueblo. Justicia asfixiada, dependiendo de los sucios poderes políticos. Asesinos en la calle tomando vino. Banqueros y políticos ladrones navegando sobre la salsa rosa del indulto.
Banca forrando banqueros. Banca de comisiones abusivas. Banca subvencionada para que saque los pies del charco. Ciudadanos con los pies sumergidos en el fango, que no tienen donde caerse muertos. Hombres y mujeres sin un euro donde sujetar su piso. Desesperados que para salvar la vida tienen que buscar la muerte.
Cajas de Ahorro sirviendo en bandeja sueldos y prebendas a los politicastros. Cestas de navidad y televisores para los mamones. Millones de funcionarios privados de sus sueldos. Ancianos expoliados porque se dilapidó su dinero. Ancianos engañados por la banca, que les ha dejado en la ruina sin que los malhechores paguen su crimen.
Congreso. Senado. Parlament. Lehendakaritza. Diputaciones. Ayuntamientos. Subdelegaciones. Pedanías. Mancomunidades. Comunidades de vecinos. Asociaciones. Fundaciones. Consejos consultivos. Pitos. Flautas. Zutanos y merenganos?
Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Joder. Ustedes nos han hecho creer que podíamos ser dios. Nunca alertaron de que todo esto no era más que un globo con los días contados en el calendario. Dieron carta de naturaleza a nuestros sueldos como si fueran para toda la vida. Y claro, ahora, cuando nos han dejado chupar el caramelo, nos lo quitan y nos abandonan con el amargor en la boca.
Dinero a espuertas. España va bien. Banca campeona. Alianza de Civilizaciones. Subvención de rana peruana. Brotes verdes. Hay para todos. Bebés remunerados. Aceras de oro. Autopistas al cielo. AVES sin recorrido. Aeropuertos sin pasajeros. Puertos sin barcos. Aviones sin alas. Mozos de escuadra. Etzainas vascos. «Guardiaciviles» españoles. Policía nacional. Policía municipal. Toreros. Subalternos. Maletillas. Clubes de alterne. Ludópatas en la tragaperras del poder. Iluminados luminosos. Luminarias? Torre de marfil. Torre ebúrnea. Salud de los enfermos. Torre del oro?
Mentiras, engaños, trampas? Y a pesar de ello, si usted mira al ruedo, ve los mismos cuernos de siempre tratando de embestirnos al corazón de cada día; intentando hacernos creer, otra vez, que nos van a sacar, ahora sí, del atolladero en que nos metieron.
Socialistas a puñalada viva. Populares a cuestas con la cruz de las promesas rotas. Tramposos. Matarifes de ilusiones. Chiquilicuatres. Vendeburras. Memos. Tumbaperros. Patéticos. Peripatéticos. Perifrásticos? Eso sí, todos, no. Y nosotros aguantando el chaparrón, porque no llega el paraguas. Casa putas, somos.

lunes, 17 de diciembre de 2012

El gran hachazo al bienestar



Sigue el dinero y averiguarás el motivo de por qué se están desmantelando los servicios públicos: son un gran negocio, sin burbujas financieras y con clientela asegurada. Si a esto unimos la doctrina del shock, tendremos el método a aplicar para conseguirlo.
Un experto ve “falta de prioridades” porque se hacen recortes a ciegas”

Al menos 15.000 millones se han evaporado de las cuentas para políticas sociales

¿Es solo crisis o también ideología?



La casa es bastante nueva, pero se agrieta. Mientras sus empobrecidos inquilinos sufren un deterioro creciente, el casero recorta el mantenimiento, sube la renta e incluso vende algunas partes del inmueble. Esa casa común es el Estado de bienestar español, la principal herramienta para la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Ahora padece el mayor hachazo de su corta historia. Al menos 14.885 millones de euros, equivalente al 1,5% del PIB, se han evaporado de las cuentas de las Administraciones central y autonómicas desde 2010 —y eso sin contar los presupuestos autonómicos de 2013 en sanidad, ni el recorte total en servicios sociales— según la estimación elaborada por EL PAÍS.
Desarrollado desde la Transición y ahora acogotado: las tijeras presupuestarias, afiladas con las reformas impuestas por la UE, rebajan, dificultan o encarecen el acceso a los beneficios sociales del Estado de bienestar. Es la crisis, sí, pero también la ideología, coinciden varios expertos que ven de trasfondo la batalla entre el modelo tradicional europeo de bienestar y el neoliberal.
Es el déficit público y el ahorro obligado para contenerlo, justifica el Gobierno, más afanado en cortar la hemorragia que en estudiar sus consecuencias. Ha apostado más por reducir el gasto, según algunos expertos, que por aumentar los ingresos, lo que reduce el peso del Estado.
Para los ciudadanos, con el bolsillo estrujado e inmersos en un mar de incertidumbre y eufemismos —al recorte se le llama ahorro, a la privatización, externalización—, crecen las dificultades. Al aumento del paro y las rebajas de los sueldos se añade una mala noticia tras otra: las ambulancias dejan de ser gratis, hay que pagar más por los medicamentos, la escuela pública pierde recursos, la universidad es más cara, los ancianos mueren esperando su ayuda por dependencia...
Las malas noticias se reciben sin interrupción al menos desde 2009
Las malas noticias llegan desde 2009, cuando el Gobierno socialista endureció de forma gradual el acceso a las pensiones públicas. Y han arreciado desde 2010. Desplome de los ingresos fiscales —sostenedores del Estado de bienestar—, paro, recesión y obligación imperiosa de cuadrar las cuentas impuesta por la UE y los mercados financieros son sumandos que están arrastrando el modelo de prestaciones universales e igualitarias.
La sanidad, con 7.395 millones de euros menos desde 2010 ha sufrido el mayor tajo. Le sigue la educación: 6.401 millones menos —incluido el presupuesto total del año que viene—.
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“Si se necesita cortar, hay que hacerlo, el problema está en por dónde se corta”, afirma uno de los grandes estudiosos a nivel global del Estado de bienestar, el danés Gosta Esping-Andersen. Y en ese terreno España, con una situación “brutal”, suspende. “Es preocupante la falta de una estrategia de prioridades. Me da la impresión de que los recortes se hacen a ciegas, sin pensar en las consecuencias a medio plazo”, advierte el analista nórdico, profesor en la Universidad Pompeu Fabra. “No ha habido tiempo para reflexionar. Los objetivos de déficit marcados por la UE han obligado a tomar medidas rápidas”, admite el director general del Imserso, César Antón, experto del PP en bienestar social.
“En Escandinavia, lo último que se tocaría es la educación infantil y primaria. No se ve como un gasto, sino como una inversión. En España es al contrario: es un área con un recorte brutal que pagan los niños con dificultades en términos de igualdad de oportunidades”, puntualiza el experto nórdico, profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Abundan los botones de muestra: el Gobierno ha frenado en seco la financiación para las nuevas escuelas infantiles y va a cancelar los planes contra el abandono escolar o las clases de refuerzo. A estos recortes se suman otros mucho más relevantes, los de las comunidades autónomas. Los tijeretazos afectan a todo el entramado: menos profesores y más alumnos, ayudas de libros o de comedor en picado, tasas universitarias encarecidas hasta en 500 euros.
La sanidad perdió 7.400 millones; la educación, otros 6.400 millones
“En todos los niveles educativos, la igualdad de oportunidades se está desmantelando con el apoyo a la enseñanza concertada como hilo conductor. El ministro [de Educación, José Ignacio] Wert, se ha plegado a los planteamientos de la Iglesia. Se aumentan las tasas y se liquidan los recursos en la educación básica”, asegura Juan José González Rodríguez, profesor de la UNED experto en Estado de bienestar. “Los recortes se cargan la calidad de la enseñanza pública y con esa excusa se favorecen los conciertos privados”, añade Manuel de la Rocha Vázquez, del colectivo progresista Economistas frente a la crisis. Y luego, están las distintas políticas autonómicas. En Madrid, con gobernantes liberales, existen, por ejemplo, exenciones fiscales para ir a centros privados. “Benefician a los más pudientes. Suponen unos 65 o 70 millones de euros”, añade.
Es la educación, sí, pero también es la sanidad.“Los recortes del gasto público en salud trasladan servicios al sector privado. El riesgo a medio plazo es un deterioro del servicio público y un reforzamiento del dualismo del sistema, con un éxodo de las clases pudientes a la sanidad privada”, advierte Esping-Andersen. Y una estigmatización creciente de lo público, añade González Rodríguez. “En sanidad, se introducen mecanismos de mercado para abrir paso al sector privado con el argumento de que la sanidad pública es menos eficiente, lo que no está probado. Hay que hacer mejoras en su eficiencia, pero no es necesario privatizarla”, plantea De la Rocha.
Los recortes también cercenan derechos, incrementan los pagos —los jubilados han perdido la gratuidad de los medicamentos y ha subido el copago— y se acaba con la universalidad de la atención: desde mediados de este año el derecho a la sanidad pública está vinculado a la condición de cotizante o beneficiario de la Seguridad Social. “Es bastante preocupante este recorte que afecta sobre todo a los inmigrantes no documentados. Supone un ahorro absurdo, pero tiene un impacto potencial muy fuerte. Torpedear esto es torpedear uno de los mejores elementos de protección social en España: la universalidad de un sistema sanitario eficiente, de coste limitado y calidad muy alta que incluso era modelo para Escandinavia”, añade Esping-Andersen.
A los tajos en los tres pilares clásicos del Estado de bienestar se suman los que padece el cuarto, los servicios sociales, con la ley de dependencia implantada hace apenas un lustro y a la que se han recortado al menos 1.089 millones, según el cómputo de EL PAÍS. Se ha rebajado la prestación a las familias, eliminado la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares y la atención no cubre la demanda: 773.000 personas reciben prestación y 233.000 con derecho a ella la esperan.
Un experto ve “falta de prioridades” porque se hacen recortes a ciegas”
“Es el gran reto de nuestro Estado de bienestar, pero es el principal pagano. Los recortes han paralizado la atención”, afirma Luis Moreno, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Antes, tampoco fue viento en popa. “Algunas comunidades autónomas del PP hicieron de su capa un sayo y la atención a la dependencia no es lo que tenía que ser. Eso ha facilitado las cosas al Gobierno central”, asegura González Rodríguez.
Las comunidades gestionan todos los pilares salvo pensiones y desempleo y existen recortes asimétricos. A la pésima situación de sus arcas se suman los distintos planteamientos ideológicos de sus gobernantes hasta cuando son del mismo partido: el PP no es monolítico “Abarca desde el centro hasta la extrema derecha pasando por los neoliberales y los cristianodemócratas”, define Moreno.
Y aparecen extraños aliados: en el euro por receta, convergentes catalanes y populares madrileños se dan la mano, pese a las llamadas al orden a ambos desde el Gobierno central. “Las comunidades suelen tender a la emulación entre ellas, para lo bueno y lo malo”, destaca Moreno. En privatizaciones dos marcan la pauta, según los expertos: Madrid y la Comunidad Valenciana. Pero esa es, también, una vía que maneja el Gobierno central y a la que se refiere como “colaboración público-privada”.
“Queremos hacer sostenible y viable el Estado de bienestar, pero tenemos que adaptarnos a la situación económica. Eso ha obligado a hacer adaptaciones presupuestarias, a incrementar la aportación de los usuarios en función de su capacidad, a introducir medidas de eficiencia y eficacia y a buscar alternativas como la colaboración público-privada”, describe Antón. “En Sanidad esa concertación se ha hecho en todas las comunidades, y está prevista en la legislación”, puntualiza. El argumento de que lo privado abarata se inscribe en el cambio que dibuja el PP: pasar “del Estado de bienestar a la sociedad de bienestar”. El primero, garante de los derechos, responsable de los servicios, “pero no tiene que ser el proveedor único”, afirma el director general. Una melodía que suena bien en FAES, la fundación del PP que preside José María Aznar. Uno de sus colaboradores, Mauricio Rojas, exdiputado liberal sueco de origen chileno, es contundente. “El Estado de bienestar está quebrado en España, como lo estuvo en Suecia hace 20 años”. Propone la misma receta que allí: “Recortar y crear competencia a través de una mayor competencia público-privada, de forma que el más eficiente preste el servicio”. Pero echa en falta algo que sí hubo en el país nórdico, “un gran consenso social” para acometer la reforma.
“Nos han obligado a tomar medidas rápidas”, dice el director del Imserso
El cambio de paradigma está a la vuelta de la esquina. “Vamos hacia un modelo de una mayor desigualdad, gestionado por un Estado asistencial que sobrecarga a la familia y que hace al individuo responsable último de los riesgos de su existencia”, advierte Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de la Universidad de Alcalá. Está convencido de que los recortes pueden causar un deterioro “irreversible” de los servicios.
Otro catedrático experto en políticas públicas, Vicenç Navarro, de la Universidad Pompeu Fabra, también es pesimista. Plantea que con los tajos presupuestarios “se están desmantelando” los servicios del Estado de bienestar mientras crece el sector privado. Y hay quien se beneficia de la situación: “El capital financiero” y los sectores sociales “con rentas altas”. “La privatización de la sanidad y de la educación, por ejemplo, reproduce la polarización social en España, en detrimento de la mayoría de la ciudadanía que utiliza los servicios públicos”, sostiene Navarro. “Vamos a un modelo bipolar sumamente desigual y muy ineficiente”, añade.
Como otros, Navarro niega el argumento recurrente para los recortes, eso de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”.
"Son eufemismos que enmascaran la realidad, eslóganes que forman parte del éxito ideológico neoliberal”, asegura Rodríguez Cabrero. “No es creíble que no podemos sostener un Estado de bienestar que está claramente subfinanciado. Estamos a la cola de la Europa social”, añade Navarro. Tira de números: “España se gasta mucho menos de lo que debería y podría. El PIB per cápita ya es el 94% del promedio de los países de la UE-15, el grupo de los más ricos. En cambio, el gasto público social por habitante es solo el 72% del promedio”.
Esos argumentos no frenan las manos que mueven las tijeras. Aunque las ONG adviertan de que se tardará 20 años en recuperar lo perdido y de la creciente brecha entre ricos y pobres.


Se Gestiona el bienestar




Se necesita reformar a fondo el sistema y no meros recortes sin calibrar que amenazan su viabilidad

eN los paises nordicos hay un funcionario por cada 5 habitantes, en España uno por cada 14, ¿donde sobran los funcionarios?? vieja milonga para deshacer el estado y privatizar, ya lo estamos viendo, 18 millones de españoles en riesgo de exclusion y de pobreza por carecer de derechos como la vivienda o el trabajo!!



La crisis está poniendo a prueba al Estado de bienestar. Es un desafío en el que están inmersos la práctica totalidad de los países europeos: la reducción de ingresos públicos dificulta el mantenimiento del gasto social, a lo que se une el envejecimiento de la población y el consecuente aumento de la factura de las pensiones. Ante una situación tan alarmante resulta imprescindible que los Gobiernos ideen fórmulas para elevar los ingresos y ahorrar gasto. El problema es que una parte importante de este último se destina a prestaciones sociales, un capítulo en el que España, uno de los países más castigados por la crisis, sigue por debajo de la media europea. A pesar de ello ya se ha recortado el gasto social en 15.000 millones de euros desde 2010, un esfuerzo que ha recaído sobre pilares esenciales como la educación y la sanidad, además de las pensiones, puesto que son los capítulos que más recursos absorben y donde el efecto sobre las cuentas públicas se produce con mayor rapidez.
En áreas tan sensibles —en las que hay que extremar la precaución— se requiere, como mínimo, la precisión del bisturí frente al tajo grueso. El Gobierno español, además de recortar y subir impuestos, no parece disponer de una estrategia integral para defender el modelo social que ha de gestionar. Subir las tasas universitarias, por ejemplo, es una vía (no segura) para elevar los ingresos, pero también para reducir la equidad, salvo que se mantenga o incluso se suba la dotación para becas. Intentar aumentar la recaudación a través de mayores copagos en sanidad está aún menos garantizado.
El problema con los recortes es mayor. Suelen acometerse estos sin análisis previos de gasto por capítulos de manera que, a la hora de ahorrar, se puedan tocar diferentes partidas sin poner en riesgo la eficiencia y la calidad del sistema. Hay muchas otras pegas: dejar en manos de empresas privadas la gestión de centros sanitarios ya existentes es una aventura arriesgada cuando no se garantizan los ahorros y cuando no existen análisis justificativos y de viabilidad.
Es cierto que los cambios más o menos dolorosos en el conjunto del modelo social no son suficientes para afirmar que aquel se esté desguazando. Pero es alarmante la incompetencia que denotan ciertas decisiones, como los planes, ya descartados, que ponían en riesgo el hospital de la Princesa en Madrid. Se echa de menos una gestión profesionalizada de los recursos y verdaderas reformas que defiendan la sostenibilidad del sistema. Agilizar la Administración, dotar de autonomía a los centros educativos o compartir infraestructuras hospitalarias son solo algunas medidas que suscitan mayor consenso. En su lugar, hay un exceso de recortes, a veces menores, que amenazan el corazón del sistema —como las clases de refuerzo—, una tendencia a privilegiar a ciertos sectores privados y un afán legislador, tanto en educación como en justicia, que promete pocas mejoras y mucho conflicto.

Robots....capitalistas sin escrúpulos



La tecnología y los monopolios están frenando las posibilidades de mejora económica de los trabajadores

Los inconvenientes de la tecnología no se limitan a los trabajadores no cualificados


Según casi todos los indicadores, la economía estadounidense sigue estando profundamente deprimida. Pero los beneficios empresariales alcanzan máximos históricos. ¿Cómo es eso posible? Es sencillo: los beneficios expresados como porcentaje de la renta nacional han aumentado vertiginosamente, mientras que los salarios y otras compensaciones laborales están bajando. El bizcocho no está creciendo como debería; pero al capital le va muy bien y se está llevando un pedazo más grande que nunca, a expensas de los trabajadores.
Un momento; ¿de verdad vamos a volver a hablar del enfrentamiento entre el capital y los trabajadores? ¿No es ese un debate pasado de moda, casi marxista, obsoleto en nuestra moderna economía de la información? Bueno, eso es lo que muchos pensaban; porque los debates de la generación anterior sobre la desigualdad se han centrado principalmente no en el enfrentamiento entre el capital y la mano de obra, sino en problemas de distribución de los trabajadores, ya sea por las diferencias entre los trabajadores más y menos formados o por el aumento vertiginoso de los ingresos de un puñado de superestrellas de las finanzas y otros campos. Pero puede que eso sea agua pasada.
Más concretamente, aunque es verdad que los tipos de las finanzas siguen teniendo un éxito tremendo (en parte porque, como ahora sabemos, algunos de ellos son en realidad ladrones), la diferencia salarial entre los trabajadores con formación universitaria y los que no la tienen, que aumentó mucho en los años ochenta y a principios de los noventa, no ha variado demasiado desde entonces. De hecho, los ingresos de los universitarios recién licenciados se habían estancado incluso antes de que nos golpease la crisis financiera. Cada vez más, los beneficios han ido aumentando a costa de los trabajadores en general, incluidos los que tienen unas cualificaciones que se supone que deberían conducirles al éxito en la economía actual.
¿Por qué está pasando esto? Hasta donde yo sé, hay dos explicaciones plausibles y ambas podrían ser acertadas hasta cierto punto. Una es que la tecnología ha tomado un rumbo que hace que la mano de obra esté en desventaja; la otra es que estamos contemplando los efectos de un enorme aumento del poder de los monopolios. Piensen en estas dos historias imaginando que por un lado hay robots, y por el otro, capitalistas sin escrúpulos.

La brecha salarial entre los
 trabajadores con formación
 y los que no apenas ha
variado
Respecto a los robots: no cabe duda de que, en algunos sectores destacados, la tecnología está desplazando a trabajadores de todas o casi todas las categorías. Por ejemplo, una de las razones por las que últimamente las fábricas de alta tecnología están volviendo a EE UU es que, hoy día, la pieza más valiosa de un ordenador, la placa madre, la fabrican robots, de modo que la mano de obra barata asiática ya no es un motivo para producir en el extranjero.
En un libro publicado hace poco, Race against the machine (Carrera contra la máquina), Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, del MIT, sostienen que se están dando fenómenos similares en muchos campos, entre ellos, en servicios como los de traducción e investigación legal. Lo que sorprende de sus ejemplos es que muchos de los puestos de trabajo que se están eliminando son altamente cualificados y de salarios elevados; los inconvenientes de la tecnología no se limitan a los trabajadores no cualificados.
Aun así, ¿pueden la innovación y el progreso perjudicar realmente a una gran cantidad de trabajadores, quizá incluso a los trabajadores en general? A menudo me topo con aseveraciones de que eso no puede suceder. Pero la verdad es que es posible, y los economistas serios son conscientes de esa posibilidad desde hace casi dos siglos. El economista de principios del siglo XIX David Ricardo es famoso por la teoría de la ventaja comparativa, que constituye un argumento en favor del libre comercio; pero el mismo libro de 1817 en el que exponía esa teoría también contenía un capítulo sobre el modo en que las nuevas tecnologías de la revolución industrial, que exigen mucho capital, podrían hacer que los trabajadores salieran perdiendo, al menos durante un tiempo (algo que de hecho, según los académicos modernos, es posible que esté ocurriendo desde hace varias décadas).
¿Y qué hay de los capitalistas sin escrúpulos? No se habla mucho de monopolio últimamente; las leyes antimonopolio desaparecieron en gran medida durante la época de Reagan y nunca se han recuperado realmente. Pero Barry Lynn y Phillip Longman, de New American Foundation, sostienen, en mi opinión de un modo persuasivo, que el aumento de la concentración empresarial podría ser un factor importante en el estancamiento de la demanda de mano de obra, ya que las empresas usan su creciente poder monopolístico para subir los precios sin que los beneficios repercutan en sus empleados.

Pero ese desplazamiento se está produciendo; y tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, existe una gran presión, generosamente financiada, para que se reduzcan los tipos de impuestos que pagan las empresas; ¿es esto realmente lo que queremos hacer en un momento en el que los beneficios se están disparando a costa de los trabajadores? ¿O qué pasa con la presión para que se reduzcan o eliminen los impuestos sobre sucesiones? Si estamos volviendo a un mundo en el que el capital financiero, no las cualificaciones o la educación, es lo que determina los ingresos, ¿realmente queremos que heredar riqueza resulte todavía más fácil?No sé hasta qué punto la tecnología o los monopolios explican la devaluación de la mano de obra, en parte porque se ha debatido muy poco acerca de lo que está pasando. Creo que es justo decir que el asunto del desplazamiento de los beneficios de los trabajadores hacia el capital todavía no se ha introducido en nuestras conversaciones nacionales.
Como he dicho, este es un debate que apenas se ha iniciado; pero es hora de ir empezando, antes de que los robots y los capitalistas sin escrúpulos conviertan nuestra sociedad en algo irreconocible.

domingo, 16 de diciembre de 2012

Un mercado que no esta al servicio de los ciudadanos





El pasado 30 de noviembre, el día que se revalorizaban las pensiones, los españoles recibimos una sorpresa positiva: una tasa de inflación mucho menor de la esperada, que permitía reducir el déficit estructural del Gobierno. ¿Qué había sucedido? El Instituto Nacional de Estadística (INE), en su nota, lo explicaba: una fuerte caída del precio de los carburantes. Pero ¿por qué había descendido de forma tan conveniente el precio de la energía? En un post en NadaEsGratis, blog de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Pol Antràs, catedrático de Harvard, e Ignacio Conde-Ruiz, profesor de la Complutense, muestran que desde el 15 de octubre el precio de la gasolina eurosuper de 95 octanos bajó como media un 6,5% en la zona euro, mientras que la caída en España fue más del doble, el 13,5%. La gasolina diésel cayó el 8,1% en España, frente al 3,7% en la zona euro. ¿Por qué este excelente comportamiento si los precios de la materia prima son fijados en mercados internacionales y no hubo cambios en los impuestos?
La sospecha de que había gato encerrado se incrementa cuando vemos que la mejora de España empieza a evaporarse a la semana siguiente: la gasolina eurosuper subió un 0,3% en España, mientras que en Europa bajaba un 1,7%. ¿Pero cómo es posible que compañías privadas se pongan de acuerdo para bajar los márgenes a la vez y volverlos a subir? El ministro de Industria, José Manuel Soria, dio su respuesta en una entrevista en televisión: sin rubor, explicaba a su entrevistadora que había llamado a las compañías petroleras para que “arrimaran el hombro”, porque si no tenía listo un decreto que sería mucho peor para ellas. El mensaje que parece haber detrás, vista la evolución posterior, es: “Os dejamos en paz una vez pase el dato de inflación”. Es decir, los precios de la gasolina se fijan a golpe de telefonazo, a oscuras, sin un proceso público y sin información sobre lo que cada parte concede y exige.
Un segundo ejemplo de la ausencia de una mínima distancia entre poder político y grandes empresas se ha producido en la no-reforma del sector eléctrico. Como explicaba la agencia Bloomberg el 21 de agosto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que bloqueó el intento inicial de la reforma eléctrica (consistente en parte en incrementar los impuestos a la energía fotovoltaica) propuesto por el ministro de Industria, había sido fundador de la consultora que asesoraba a las compañías eléctricas que perdían con aquella reforma inicial, consultora que es ahora propiedad en parte de su hermano y del hermano de su jefe de Gabinete. La reacción de las cotizaciones al anuncio de la reformada no-reforma el día del Consejo de Ministros, el 14 de septiembre (recordemos, se supone, que con la reforma se anuncian nuevos impuestos), fue una subida generalizada de las acciones, incluyendo alzas del 7% para Acciona.
Un último ejemplo de la falta de transparencia y su coste para los contribuyentes ha sucedido con el rescate del Banco de Valencia. Las apuestas de todos los que observaban el mercado era que la Comisión Europea bloquearía la ayuda (como así ha sido) y, dado el penoso estado de este banco, lo liquidaría, con sustancial ahorro para el contribuyente y con las pérdidas absorbidas —como debe ser en cualquier mercado— por los que imprudentemente invirtieron o prestaron a la fracasada entidad. El inversor se arriesga; por eso es inversor. Si no quiere riesgo puede poner el dinero en un depósito. Recordemos, esta entidad no es sistémica (es un 1% del sistema financiero) y su agujero es enorme. Pues bien, el Estado ha preferido vender el Banco de Valencia por 1 euro tras recapitalizarlo con 4.500 millones (que se suman a los 1.000 millones anteriores) y tras añadir un esquema de protección de activos que cubre el 72,5% de las pérdidas futuras en ciertas carteras del banco. Es decir, el Estado transfiere a fondo perdido una cuarta parte del valor de los activos del banco y además con un esquema de protección de activos sobre el resto. Las pérdidas estimadas por Oliver Wyman en el peor caso posible son 3.400 millones. La explicación de por qué se ha decidido no liquidar el banco y de cuáles eran las alternativas consideradas y cuánto costaban está aún por darse.

La fusión cuasi peronista entre lo público y lo privado está adquiriendo una velocidad preocupante
Esto son solo tres ejemplos de una tendencia peligrosa. Durante esta crisis, la fusión cuasi peronista entre lo público y lo privado, basada en las adjudicaciones y decisiones en habitaciones cerradas, sin transparencia, con actuación directa en la esfera económica del poder político, está adquiriendo una velocidad preocupante. Nos acercamos a velocidad creciente a la España de los cincuenta. Podríamos dar miles de ejemplos más, como el más reciente de Ana Pastor, ministra de Fomento, exigiendo a una compañía privada casi quebrada que vuele en ciertas rutas (¿se imaginan quién va a pagar la factura por los futuros vuelos subvencionados a La Habana?). El más notable ha sido el alucinante intento de suprimir, contra toda la práctica internacional, la independencia de los reguladores de todos los mercados (por suerte rechazado por Bruselas) para sustituirlos por un nuevo regulador único subordinado al Gobierno. A pesar del excelente papel de la Comisión Europea protegiendo a los ciudadanos españoles en este tema (como en el de las ayudas bancarias), la propuesta que aún maneja el Gobierno continúa en la dirección hacia un pasado que imaginábamos superado.
El coste de esta falta de transparencia es enorme, incluso para el Gobierno. Decisiones que seguramente sean correctas, a pesar de ser muy dolorosas, como la de las nuevas tasas en la Justicia —mucho menores que en el resto de Europa—, que ayudarán a eliminar el atasco gigante que genera el gratis total y que tienen disposiciones para eliminar su impacto sobre la desigualdad, son recibidas con enorme desconfianza por los ciudadanos cuando estos temen que los Gobiernos actúan ayudando a los poderosos y a intereses inconfesables.
En vez de bajar el precio de la gasolina por unos días, lo correcto es que haya una investigación transparente de la competencia en el sector, por un regulador fuerte e independiente y con capacidad decisoria y sancionadora. El Estado tiene la obligación de dar explicaciones a los ciudadanos con transparencia y claridad, de decir qué ha hecho, con qué criterio. Y de evitar la apariencia, cuando no la realidad, de contubernio con las compañías reguladas. Los españoles ya tienen suficientes problemas encima. No les añadamos la sensación de que les están tomando el pelo. J