Recortes presupuestarios, restricciones sociales, menor protección social, peor atención sanitaria, peor educación, rebaja de salarios, despidos, precariedad… Todo por la deuda.
En Europa, pagar la deuda y sus intereses se ha convertido en algo sagrado. Con tremendos costes sociales, por cierto. Pero de nada ha servido introducir en las constituciones que pagar la deuda es prioritario para cualquier gobierno. Ni tampoco imponer planes de austeridad con recortes de gasto público para que los gobiernos tengan liquidez para pagar sus deudas y las de bancos privados. El poder financiero quiere más. Nunca tiene bastante.
Los “mercados”, capitaneados por Goldman Sachs y con la ayuda torticera de las agencias de rating, atacan el euro y a la Unión Europea. Como dicen en las películas de gangsters, no es nada personal; solo son negocios.
Enormes beneficios para los especuladores de la deuda. Y sube la prima de riesgo de la eurozona, incluso la de Francia. Hasta Alemania ve como aumentan los intereses a pagar por sus bonos. La deuda deviene hidra de siete cabezas que amenaza con dejar muy mal parada a Europa. Y, de rebote, llevar al mundo a una crisis económica crónica.
¿Qué diablos pasa con la deuda? Preguntémonos qué tipo de deudas son las que alimentan ese baile de los malditos en Europa. Porque no todas las deudas son aceptables; las hay ilegítimas e incluso, odiosas. Por supuesto.
En derecho internacional, ilegítima u odiosa resumiendo es la deuda pública contraída contra los intereses de la ciudadanía. Aquella cuyos fondos se emplean para fines inaceptables, como adquirir medios y armas para reprimir a la población. O contraída para fines muy discutibles, como comprar navíos de guerra, submarinos, cazabombarderos y helicópteros de combate. Eso ha hecho el gobierno griego comprando armamento a Francia y Alemania, cuando su deuda ya era enorme. Deudas ilegítimas, contraídas a espaldas de la ciudadanía, contra sus derechos, deteriorando o destruyendo el medio ambiente. Esas deudas no se pagan. Pero antes hay que auditarlas.
Una auditoría de la deuda debe analizar el contexto social del país que contrae la deuda; averiguar quien la firmó, para qué es el préstamo, cómo han evolucionado los tipos de interés, qué supone el pago de la deuda en el PIB, si ha habido condiciones para conceder el préstamo (como exigir privatizaciones de empresas y servicios públicos)… Así se averigua si la deuda es legítima o no.
Las auditorías no son nuevas. Empezaron en los ochenta del siglo XX, cuando la deuda ahogaba a países de África y América Latina. Y con las auditorías, la respuesta política.
En 2002, Argentina dejó de pagar su deuda contra toda regla y costumbre. Los “expertos” le auguraron todo tipo de males, sin embargo, no pagar la deuda fue clave para la recuperación del país. Entre 2007 y 2008, el gobierno de Ecuador presidido por Rafael Correa, tras una rigurosa auditoría, canceló deudas ilegítimas contraídas por entidades públicas con bancos privados. Se ahorraron 300 millones de dólares, que se utilizaron para mejorar la sanidad pública, la educación y crear puestos de trabajo. En noviembre de 2008, Ecuador decidió suspender el reembolso de deuda que vencía en 2012 y 2030, porque la auditoría de la deuda concluyó que era eminentemente especulativa y fuente de pérdida de capacidad soberana del estado.
No le va tan mal a América Latina con esa política cuando, a pesar de los serios problemas que aun padece, disminuye la pobreza ostensiblemente, como certifican la CEPAL y la ONU.
En Asia, a finales de los noventa, mientras Tailandia e Indonesia se hundían estranguladas por sus deudas y agravada la situación económica por la austeridad impuesta por el FMI, Malasia ignoró olímpicamente las recetas neoliberales de austeridad y sorteó con fortuna la crisis que destrozaba a sus vecinos.
Ante el fracaso de las políticas neoliberales austeras impuestas para pagar la deuda, en Grecia, intelectuales, parlamentarios, y organizaciones ciudadanas han creado una plataforma para promover la auditoría de la deuda. En Francia, asociaciones y organizaciones sociales y ciudadanas se preparan para auditar la deuda y ya están organizados para tal objetivo. En Túnez y en Irlanda, las organizaciones ciudadanas trabajan en esa misma línea. En España, ATTAC, QDQ, CADTM y otras entidades cívicas reivindican no reconocer ni pagar deuda alguna de la eurozona y hacer una auditoría de todas las deudas nacionales para determinar su legitimidad y actuar en consecuencia.
Las auditorías de la deuda, y anularla cuando sea el caso, son un derecho democrático tan esencial como el derecho a la información. Son medios de participación ciudadana, de aportación de transparencia y de control democrático de la conducta de los poderes públicos. Por fortuna, ante la crisis que deviene crónica, crece el movimiento europeo por la auditoria de las deudas.
Ronald Reagan y Margaret Thatcher iniciaron hace tres décadas una sistemática rebaja de impuestos a los más ricos, tanto personas como empresas. Desde entonces no ha cesado esa política de menos impuestos a los que más ganan y tienen. Y de menos impuestos se pasó a más endeudamiento de los estados. Por eso un político español pudo decir cargado de razón que “a los gobiernos les cuesta menos pedir prestado que subir los impuestos”. Aunque, para ser exacto, debería haber dicho que los gobiernos prefieren endeudarse antes que recuperar el sistema de impuestos más justo que había hace treinta años. Por lo visto, no hay que molestar a los ricos.
La crisis de la deuda en Europa y sus feroces consecuencias sociales tienen todo que ver con el adelgazamiento progresivo de la fiscalidad y con el fraude fiscal. Mucho más que con excesos o irresponsabilidad en el gasto público.
Como recuerda Sam Pizzigati, según el IRS (agencia tributaria estadounidense), en 2008, quienes ganaron en Estados Unidos más de 200.000 dólares anuales pagaron al gobierno federal un tipo fiscal del 22% por sus ingresos. Bastante menos de lo que pagaban los estadounidenses más ricos hace 50 años. En 1961, quienes ganaban más de 27.000 dólares anuales (equivalentes a 200.000 dólares de hoy) pagaron un tipo de algo más del 31% de sus ingresos. Y los ingresos anuales por encima de 400.000 dólares al año (3 millones de hoy) pagaban un tipo fiscal del 91%. Hoy las rentas de más de 3 millones de dólares pagan un tipo del 35%.
En España, por ejemplo, según la legislación tributaria, las grandes empresas han de pagar un 30% por sus beneficios y un 25% las pequeñas y medianas. Pero apenas pagan un 10%. Una notable diferencia por la condescendencia de los gobiernos que permiten deducciones y escapatorias legales que rebajan considerablemente lo que las empresas pagan al erario público. Las cifras de la Agencia Tributaria española muestran que las empresas eluden legalmente hasta dos tercios de los impuestos que les corresponden. Hay complacencia y complicidad gubernamentales con quienes más ganan y más tienen. Los más ricos deducen y reducen lo que han de pagar con triquiñuelas legales varias. De hecho, las empresas pagan por beneficios menos que las familias, que aportan un 11,5% de su renta.
El resultado final es que el Estado dispone de muchos menos ingresos. Y eso sin contar con el fraude fiscal puro y duro.
Continuando con España, según un informe de Gestha (sindicato de técnicos de Hacienda) en 2005, último año con datos de fraude, éste fue de 88.617 millones de euros: 58.676 millones defraudados a la Agencia Tributaria y 29.941 a la Seguridad Social. Las grandes empresas defraudan casi el 75% del total mientras el 97% de empresas restante defraudan un 17%. Y a eso habría que sumar otras evasiones fiscales de ricos y muy ricos (fraude en plusvalías, arrendamientos, rentas del capital…). Si solo se evitara la mitad de fraude fiscal y se cobraran los impuestos correspondientes, España tendría un PIB como el de Reino Unido y superior al de Italia. Y no tendría déficit público.
Rajoy, nuevo presidente de gobierno de España, pretende ahorrar el año que viene 16.500 millones de euros con recortes sociales, despidos, sangre, sudor y lágrimas. Gestha asegura que, si se redujera 10 puntos el volumen de la economía sumergida española, se recaudarían 38.500 millones de euros anuales más. La economía sumergida en España supone 245.000 millones de euros: 23,3% del PIB español. Son muchos impuestos evadidos.
Pero es que quienes más ganan y poseen son los mimados por los gobiernos que comulgan con las ruedas de molino neoliberales. Como recuerda Ana Flores, “en lugar de ponerse de acuerdo los gobiernos para domesticar al capital, el mundo más desarrollado decide dejarlo circular con absoluta libertad. Atraer dinero es la obsesión de los gobiernos y compiten entre sí bajando impuestos”.
Como denuncia Paul Krugman, lo peor de esta servidumbre de los gobiernos con quienes más tienen, es que “la exigencia de una austeridad cada vez más radical (para poder pagar la deuda) ha fracasado como política económica, al agravar el problema del paro sin restaurar la confianza. Y una recesión europea parece más probable cada día”.
Hay que exigir y hacer auditorías de la deuda para poner fin a la hemorragia social que su pago genera. Y pelear para recuperar un sistema impositivo justo y redistributivo, contra las falsas tesis de la austeridad como camino y la limitación del déficit de deudas soberanas como objetivo por encima de todo. Por encima de todo solo han de estar la ciudadanía y sus derechos.
